No hay fin de semana en Cali que el Dagma no cierre un establecimiento público por ruido. En cada operativo cuatro o cinco negocios son clausurados de manera temporal hasta que sus dueños adecúan las instalaciones y mitiguen el impacto.
En el último mes la autoridad ambiental suspendió las actividades en 102 centros nocturnos ubicados en las comunas 2, 4, 13, 17, 18, 19, 20 y 22.
Se trata de bares, discotecas y licoreras, principalmente, en barrios como Granada, San Vicente, Santa Mónica, El Peñón, El Limonar, Camino Real, San Fernando y Meléndez.
Entre los infractores figuran cuatro firmas de ‘chivas rumberas’, que circulaban por la Avenida Sexta con calle 17 y en la Calle 5 con Carrera 13.
Asimismo fueron objeto de controles varios centros comerciales y cuatro eventos culturales que se llevaron a cabo en la Plaza de Toros y las canchas Panamericanas, la Unidad Deportiva Alberto Galindo y el Coliseo María Isabel Urrutia.
El veedor ambiental de la Comuna 2, Jair Llanos, insiste en que la norma es muy laxa, la regulación del uso del suelo no es muy clara y definitivamente hay falta de conciencia ciudadana.
“La ley permite 55 decibeles, pero no se siente igual en un grill que en un espacio abierto. Eso hay que revisarlo”, expresó el líder comunitario.
Además, manifestó su preocupación para cuando se inicien las megaobras en el norte de la ciudad. “El problema del ruido que hay ahora en Granada se va a trasladar a otros barrios porque los dueños de los negocios se verán obligados a reubicarse o a cerrarlos”, añadió Llanos.
Por su parte, la dueña de un bar en el parque de El Peñón acepta que “hay propietarios que piensan que con la bulla van a atraer a más clientes y terminan ocasionando impacto en los vecinos, pero también pasa que a veces los clientes le piden a uno que le suba el volumen a los equipos de sonido”.
A su vez, el director del Dagma y alcalde (e), Carlos Rojas, recalcó que las quejas por ruido excesivo no sólo provienen de los establecimientos como restaurantes o bares, sino también de iglesias de diferentes denominaciones, de talleres de mecánica y carpintería y de las molestias producidas por los vecinos en conjuntos residenciales.
“Hay empresarios que desarrollan eventos sin tramitar los respectivos permisos, les falta mucha planificación y cumplimiento de la norma, viéndose expuestos a perder dinero, a las sanciones y a la cancelación de eventos”, manifestó el funcionario.
Via| El Pais
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